MACROECONOMÍA DEL DESARROLLO

SERIE 217 / SEPTIEMBRE 2021

“La política fiscal con enfoque de género en países de América Latina”

Tradicionalmente, cuando se diseñan e implementan decisiones de política fiscal, solo se analizan sus resultados en relación con los grandes agregados macroeconómicos y, en el mejor de los casos, se evalúa su efecto redistributivo en la población en general.

En los últimos años se ha reconocido ampliamente que la política fiscal no es neutra en términos de género. Esta toma de conciencia se ha visto reflejada en varios compromisos internacionales en favor de los derechos de las mujeres que han puesto la temática en el centro de la discusión sobre el desarrollo sostenible y la forma de construir marcos de políticas públicas que impulsen la igualdad de género.

Los países de América Latina y el Caribe han avanzado en el cumplimiento de estos compromisos para la incorporación de la perspectiva de género en la política fiscal tanto en sus marcos normativos como en la implementación de instrumentos tributarios, de gasto y de financiamiento específicos.

Desde el punto de vista de la economía feminista se ha recalcado el papel fundamental que tiene la política fiscal en la redistribución y reorganización del trabajo de cuidados, que es clave para la reproducción social y que contribuye directamente a la generación de riqueza, bienestar y calidad de vida. Por ello, una política fiscal igualitaria puede ser una herramienta redistributiva clave para transformar esta realidad y mejorar la distribución de recursos entre hombres y mujeres.

En los últimos años se ha producido un creciente reconocimiento de los sesgos de género de la política fiscal. Esta toma de conciencia se ha visto materializada en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)1 , que han puesto el tema en el centro de la discusión sobre el desarrollo sostenible y la forma de construir marcos de políticas públicas que impulsen la igualdad de género. En la Agenda 2030 se destaca la igualdad de género no solo como un derecho humano fundamental, sino también como uno de los cimientos para la construcción de un mundo pacífico, próspero y sostenible.

Los sistemas tributarios ya parten con sesgos de género en la medida en que han sido diseñados en un contexto que refleja las normas sociales prevalecientes sobre los roles que deben tener los hombres y las mujeres, que, a su vez, pueden afectar las decisiones sobre dónde y cuánto trabajar, así como los patrones de consumo. Estos sesgos pueden ser explícitos e implícitos.

En la mayoría de los países existen diferentes tipos de gastos tributarios relacionados con los productos de la canasta básica con los que se busca disminuir en alguna medida los efectos regresivos de los impuestos de base generalizada, como el IVA, en los hogares más pobres. Dado que el consumo de estos productos está asociado a la economía del cuidado, dichos gastos tributarios favorecen en definitiva a las mujeres.

En el cuadro 5 se presenta una sistematización de los sesgos de género identificados en los impuestos indirectos.

El principal instrumento de la política fiscal, desde la perspectiva del gasto, es el presupuesto público.

Los presupuestos con enfoque de género pueden contribuir a la implementación de acciones en favor de las mujeres, así como de acciones que las afecten de manera directa, como en el caso de las políticas de conciliación de la vida familiar y laboral o de igualdad de oportunidades y las compras públicas. Muchas de las inversiones previstas en el presupuesto se destinan a sectores en los que la mano de obra tradicionalmente es masculina; en otras ocasiones, se implementan programas de transferencias o subsidios con condicionalidades que profundizan el rol reproductivo y de cuidado de las mujeres y que, en muchos casos, terminan desincentivando su inserción en el mercado laboral y, por ende, su autonomía económica.

En América Latina y el Caribe, el 30% del gasto público (8,6% del PIB) se ejecuta a través de las compras públicas, razón por la cual el mercado de compras públicas es una herramienta importante para la inclusión y la autonomía económica de las mujeres. Las principales barreras para acceder al mercado de compras públicas se deben al hecho de que las mujeres trabajan principalmente en el sector informal, en sectores de bienes y servicios de baja especialización o con exclusión financiera, entre otros. Por ello, implementar políticas de compras públicas inclusivas que incorporen acciones afirmativas en favor de las mujeres puede contribuir al cierre de las brechas de género.

En el cuadro 9, se aprecia en Chile, los ejemplos de inclusión del enfoque de género en las etapas del proceso de contratación pública.

En el caso de ChileCompra, en el proceso de evaluación de las compras públicas se introdujeron criterios de evaluación con enfoque de género, como el privilegio de materias relacionadas con el desarrollo inclusivo que incluyan la participación activa de las mujeres, una causal de trato directo que permite las contrataciones sin necesidad de requerir tres cotizaciones, y criterios de desempate que prevén la acción afirmativa en favor de las mujeres. Chile implementó una ficha denominada “Sello Empresa Mujer” en el registro de proveedores tanto para personas naturales como jurídicas (ChileCompra, 2021). Además, llevó a cabo procesos de capacitación y formación de las proveedoras del Estado con eventos como el seminario Empoderando a las Proveedoras del Estado y la Capacitación Foco Mujer.

La mayoría de las iniciativas de presupuestos sensibles al género han empezado con la realización de estudios o análisis ex post de la cuantificación del gasto público destinado al cierre de brechas de género, ya sea para la elaboración de informes sobre el avance en el cumplimiento de los compromisos sobre los derechos de las mujeres a los que se han adherido los países o para dar seguimiento a las políticas públicas diseñadas para mejorar la situación de las mujeres, entre otras razones.

A nivel internacional, se han creado instrumentos innovadores de movilización de recursos para temas relacionados con el género, que pueden constituir una oportunidad para que los gobiernos y el sector privado cuenten con financiamiento en condiciones favorables.

En el recuadro 1 se puede apreciar un ejemplo de financiamiento público innovador relacionado con el cierre de brechas de género, como lo son los bonos temáticos.

Por último, y en el marco de los efectos de la crisis socioeconómica causada por el COVID-19, los países de la región han implementado una serie de medidas de política fiscal, como incentivos tributarios para sostener el empleo y programas de protección social para la población más pobre. Hoy, más que nunca, se debe avanzar hacia la incorporación del enfoque de género en las diferentes medidas de política fiscal que contribuyan a mitigar los efectos de la crisis en el mercado laboral, de la caída de ingresos y del incremento de la carga del trabajo de cuidado de las mujeres. Por esta razón, es preciso trabajar en el establecimiento de un pacto fiscal y de género que permita implementar medidas de estímulo fiscal para contribuir a una recuperación económica inclusiva que promueva el cierre de las brechas de género.

Este documento fue preparado por María Dolores Almeida Sánchez, Consultora de la Unidad de Asuntos Fiscales de la División de Desarrollo Económico de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en el marco del componente de política fiscal del programa de cooperación técnica de la CEPAL y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

INGER SANDOVAL MORALES

Fuente: La política fiscal con enfoque de género en países de América Latina (cepal.org)